SEÚL, Corea del Sur (AP) — El presidente de Corea del Sur levantó la madrugada del miércoles la ley marcial que impuso en el país horas antes, cediendo a la presión política después de una noche tensa en la que las tropas rodearon el Parlamento y los legisladores votaron para rechazar el régimen militar.
El presidente Yoon Suk Yeol, que probablemente será sometido a juicio político por sus acciones, impuso la ley marcial el martes por la noche debido a su frustración con la oposición, y prometió eliminar las fuerzas “antiestatales” mientras lucha contra los opositores que controlan el parlamento y a quienes acusa de simpatizar con la Corea del Norte comunista.
Se vio a policías y militares abandonando el recinto del parlamento tras la votación bipartidista para anular la decisión del presidente, y la declaración se levantó formalmente alrededor de las 4:30 a. m. durante una reunión del Gabinete.
El Parlamento actuó rápidamente después de que se impusiera la ley marcial, y el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, declaró que la ley era “inválida” y que los legisladores “protegerían la democracia con el pueblo”.
En total, la ley marcial estuvo en vigor durante unas seis horas.
La sorprendente decisión del presidente evocó una era de líderes autoritarios que el país no había visto desde la década de 1980, y fue inmediatamente denunciada por la oposición y el líder del propio partido conservador de Yoon.
Lee Jae-myung , líder del liberal Partido Democrático, que tiene la mayoría en el parlamento de 300 escaños, dijo que los legisladores del partido permanecerían en el salón principal de la Asamblea hasta que Yoon levante formalmente su orden.
Woo aplaudió la rapidez con la que las tropas abandonaron la Asamblea después de la votación.
“Incluso con nuestros desafortunados recuerdos de golpes militares, nuestros ciudadanos seguramente han observado los acontecimientos de hoy y han visto la madurez de nuestras fuerzas armadas”, dijo Woo.
Al anunciar su plan de levantar la ley marcial, Yoon siguió criticando los intentos del parlamento de destituir a importantes funcionarios gubernamentales y fiscales de alto rango. Dijo que los legisladores habían participado en “actos inescrupulosos de manipulación legislativa y presupuestaria que están paralizando las funciones del Estado”.