La Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) firmaron un convenio para la adquisición de 18.000 hectáreas, marcando la primera venta masiva de tierras del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) a la ANT. Este acuerdo acelera la reparación integral de las víctimas del paramilitarismo y permite un avance en la Reforma Agraria al otorgar tierras a campesinos afectados por el conflicto armado.
El convenio moviliza más de $175.000 millones que ingresarán directamente al Fondo de Reparación, destinados a apoyar a las víctimas y a transformar los predios bajo su administración en tierras productivas con vocación reparadora.
“Con este paso, esperamos reparar a alrededor de 5.000 víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz”, afirmó Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, destacando la importancia de esta acción para reducir el rezago en la reparación a las víctimas del conflicto.
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, explicó que «este acuerdo derriba las barreras institucionales que impedían su puesta en marcha. Estamos comprando 18.000 hectáreas que serán entregadas a campesinos sin tierras, y el convenio tiene el potencial de alcanzar hasta 130.000 hectáreas».
El convenio cumple con dos objetivos clave: la entrega de tierras a los campesinos y la reparación económica de las víctimas. Las tierras adquiridas provienen de predios entregados por jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, contribuyendo así a la reparación integral de los afectados por el conflicto armado.
Los predios priorizados para esta adquisición se encuentran en departamentos como Antioquia, Córdoba y Santander. Entre ellos están tierras que alguna vez pertenecieron a bloques paramilitares como Casa Castaño, Bloque Central Bolívar y Bloque Centauros, que ahora se pondrán al servicio de los campesinos víctimas.
Este convenio también incluye una modificación que acelera la toma de posesión de los predios, permitiendo que la ANT realice estudios agronómicos y técnicos para garantizar la viabilidad de los terrenos adquiridos para el desarrollo rural. Esto asegura que las tierras serán aptas para proyectos productivos por parte de los campesinos.
El convenio entre la Unidad para las Víctimas y la ANT se suma a otras dos vías principales para adquirir tierras en el marco de la Reforma Agraria: la compra voluntaria de predios y el convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mediante el cual se adquieren bienes objeto de extinción de dominio