La Fiscalía demostró en juicio que los dos expresidentes de la Refinería de Cartagena cometieron el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó las evidencias testimoniales y documentales suficientes para que un juez del circuito de Bogotá condenara a los expresidentes de la Refinería de Cartagena S.A.S. (Reficar), Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez, quienes fueron encontrados responsable de actos de corrupción cometidos entre los años 2009 y 2012.
La Fiscalía General de la Nación demostró que los hoy condenados entregaron el contrato para la ampliación, modernización, mantenimiento y puesta en marcha de la refinería sin tener en cuenta las normas vigentes para la contratación pública.
La investigación da cuenta que no existió un concurso público, una selección objetiva de proponentes ni un proceso de evaluación o selección que garantizaran la designación de una compañía que tuviera un alto perfil o experiencia para la construcción del proyecto que requería un fuerte musculo financiero y una gran capacidad técnica para desarrollar la obra durante los tiempos establecidos.
El material probatorio aportado evidenció que Canales Castillo, presidente de Reficar entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009; y Cabrales Martínez, quien estuvo a cargo de esta empresa entre el 2 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, direccionaron el contrato a una entidad extranjera para lo cual incurrieron en irregularidades en la fase previa y en la etapa contractual del proyecto.
La Fiscalía comprobó que el contrato suscrito estableció para el adjudicante autonomía para gerenciar; además le otorgó libertad total en cuanto al control del megaproyecto. A pesar de esto, la construcción de la refinería presentó retrasos y millonarios sobrecostos
Ante la contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía, el juez de conocimiento encontró a Castilla Canales y a Cabrales Martínez penalmente responsables del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; y los condenó a una pena de 5 años y 4 meses de prisión. Además, deberán pagar una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes y fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas por el lapso de 80 meses.
Por disposición del funcionario judicial Castilla Canales deberá cumplir la condena en centro carcelario; mientras que Cabrales Martínez lo hará en su residencia, por tener 82 años de edad y sufrir de graves quebrantos de salud.