El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le envió una carta al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que insiste en la convocatoria de carácter extraordinario y presencial de una sesión de la ‘Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas’ (Ciprat), con el objetivo de que sea abordada la grave situación de riesgo y amenaza a la que están expuestas las comunidades de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica y Guachené, en el norte del Cauca.
“Los riesgos se han ido materializando en hechos vulneratorios de derechos, conductas que hemos venido dando a conocer en seis de nuestras Alertas Tempranas emitidas en los últimos tres años y sus posteriores oficios de consumación”, asegura Camargo Assis.
En 2023 la Defensoría emitió para el norte del departamento tres Alertas Tempranas. El denominador común del factor generador de riesgo fue el afianzamiento de las estructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que posiblemente se viene dando por la ventana de oportunidad que les dio el cese al fuego bilateral entre el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y el Gobierno Nacional.
“En la actualidad, los ataques y afectaciones de los grupos armados ilegales parecen estar dirigidos contra la población civil, como forma de presión para que no permita la presencia estatal, especialmente de la fuerza pública en zonas rurales”, añade el Defensor del Pueblo.
Reclutamiento forzado y efectos de la suspensión del cese al fuego
En lo que va del 2024 han sido registrados 23 casos de reclutamiento forzado en todo el Cauca, y al menos nueve de ellos en el norte del departamento. En el 2023 fueron reportados 153 niños, niñas y adolescentes indígenas reclutados o con amenaza de reclutamiento en la zona norte, de los 235 casos en todo el Cauca.
“También es importante tener en cuenta los efectos de la suspensión del cese al fuego, toda vez que es posible que se incremente la instalación de campos minados, homicidios, reclutamiento forzado, una mayor instrumentación de la población civil para que los actores armados al margen de la ley puedan evadir la misión en terreno de la fuerza pública”, alerta Carlos Camargo Assis.
Liderazgos sociales, en alto riesgo, e instrumentalización de la población civil
Durante el 2024 la Defensoría ha registrado el homicidio de al menos cinco lideresas y líderes sociales. El caso más reciente fue el 22 de marzo, cuando fue asesinado Álvaro Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Ortega, del municipio de Cajibío.
“Así mismo, los grupos armados ilegales vienen utilizando las asonadas como estrategia para seguir delinquiendo, aprovechan el control y coerción que ejercen sobre las comunidades, suplantando no solo funciones propias del Estado, sino desplazando la gobernanza comunitaria”, señala el Defensor del Pueblo.
Igualmente, advierte que las comunidades vienen siendo utilizadas como escudos por el EMC, cuando los diferentes frentes dan la orden de expulsar a la fuerza pública, amenazando a la población civil con posibles multas, desplazamientos forzados y hasta homicidios si se niegan a obedecer.
Estructuras armadas ilegales ejercen control social
La entidad ha evidenciado la preocupación de la población civil por las formas de regulación de la vida social, económica, cultural y política, ya que, mediante el uso de la fuerza y otras acciones de control, vienen adelantando el Estado Mayor Central, el ELN y bandas criminales.
El control social en las poblaciones también se da con la imposición de normas y carnetización para entrar a ciertos territorios, con la instalación de pancartas alusivas a los grupos armados ilegales, retenes ilegales, panfletos en los que dan pautas de comportamiento, presión a los líderes y autoridades tradicionales para que lleven mensajes a sus comunidades, para que reúnan la población o realicen asonadas.
Factores de amenaza previstos
La Defensoría del Pueblo ha evidenciado el avance del ELN con la Compañía Juan Carlos Chilhueso Pazú hacia la zona de control del Frente Dagoberto Ramos del EMC, lo que genera no solo enfrentamientos, también el incremento de los homicidios selectivos de personas bajo sospecha de pertenecer a alguno de los dos grupos.
Por otra parte, se advierte una combinación entre la criminalidad urbana en los municipios del norte del Cauca y los frentes del Estado Mayor Central Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. Estos últimos usan la forma de subcontratación, y de esta manera controlan las líneas de distribución mediante el cobro de impuestos, instalación de pancartas y explosivos en zonas urbanas, sicariato, entre otras prácticas criminales.
El confinamiento y la proliferación de pandillas
El permanente confinamiento en el que se encuentran las comunidades de las zonas rurales se debe a la gobernanza criminal, que controla la vida social, económica y comunitaria. «Esto ha llevado a una mayor resistencia ejercida por las autoridades indígenas, líderes afros y campesinos, pero lamentablemente han sido fuertemente atacados», manifiesta el Defensor del Pueblo.
Por último, la Defensoría alerta la proliferación de pandillas y bandas criminales que ejercen el control y el sicariato en los municipios de Villa Rica, Padilla, Guachené y Puerto Tejada, problemática que afecta los derechos no solo en esas zonas, sino en municipios como Jamundí y Candelaria, en el Valle del Cauca.