El accionar indiscriminado de los integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre —perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya— hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca. Otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —de la parte baja del río Naya—, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas.
La Defensoría del Pueblo, con la participación de los equipos de su Regional Pacífico y basada en las recientes visitas que han hecho a los territorios de la cuenca del Naya, susceptibles de alteración del orden público, tiene información de que hay una tercera comunidad, del sitio conocido como Chamuscado, en proceso desplazamiento por las conductas violatorias de derechos cometidas por los alzados en armas de la disidente Jaime Martínez.
Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023. Adicionalmente, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada.
También es apremiante que a los núcleos familiares confinados y a quienes llegaron y están en proceso de arribar vía fluvial al Distrito costanero, les brinden las ayudas humanitarias de emergencia para que sus derechos fundamentales —como a la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad, al trabajo, entre otros— no continúen siendo vulnerados.
Es necesario, así mismo y con un trabajo articulado y armonioso, evitar una crisis humanitaria derivada del confinamiento y desplazamiento masivos, hechos que a todas luces infringen el derecho internacional humanitario (DIH).
Las estructuras amadas ilegales no pueden seguir atacando a la población civil, por tanto, las fuerzas de seguridad del Estado deben prestar una mayor seguridad en las zonas convulsionadas por el conflicto, particularmente donde los actores armados insisten en sembrar el miedo y la zozobra a través de acciones bélicas y con el control territorial y social.