La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 005 de 2024 debido a los riesgos que corre la población de Jamundí, municipio ubicado a una hora en vehículo de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Precisamente, hace contados días varios ciclistas fueron interceptados en un retén ilegal de la guerrilla, y en inmediaciones de esa localidad, el Ejército desmontó pancartas de las disidencias de las Farc.
“Estos son solo dos hechos violentos que comprueban la necesidad de que los entes gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado implementen acciones urgentes, excepcionales y prioritarias para proteger a los ciudadanos del Frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El accionar indiscriminado de los disidentes que integran el Jaime Martínez están afectando principalmente a habitantes de la zona rural de Jamundí. A los indígenas de los resguardos Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa; también a las familias campesinas residentes en los sitios conocidos como Villa Colombia, Ampudia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente y Puente Vélez; así mismo, a quienes habitan los corregimientos Timba, Potrerito, entre otros.
La labor de la Defensoría en terreno indica por medio de la ATI el aumento en las violaciones a los derechos humanos por retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales, hurto, extorsión, presuntamente reclutamiento forzado, entre otras conductas.
El grupo armado ilegal está buscando tener un control social a través de la instalación regular de retenes imprevistos sobre diversas vías terciarias, en donde exigen a las personas el carné de las juntas de acción comunal (JAC) que los acredita como vecinos de la región.
“Tenemos conocimiento de casos en los que, si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, indica Camargo Assis.
Además de estos delitos, se tiene conocimiento de homicidios y atentados con artefactos explosivos que pueden violar los principios de proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario (DIH), por los efectos indiscriminados y desmedidos que pueden generar en la población civil.
El delito que más se comete en la cabecera municipal es el de las exigencias extorsivas, que, en caso de ser ignoradas, apelan a retaliaciones, como ataques con granadas de fragmentación en locales comerciales.
“Además de retomar el control de las vías, hemos pedido a las autoridades que sea reforzada la seguridad en Jamundí, y, como hemos visto en otras regiones, que también haya una labor social. Es importante trabajar de manera coordinada en campañas de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, para que las estrategias y programas sean ejecutados de manera rápida, armónica, a tiempo, a propósito de los riesgos advertidos en nuestra Alerta Temprana”, concluyó el Defensor del Pueblo.