La determinación del representante del Ente acusador fue adoptada luego del que el gobierno nacional a través del Alto Comisionado para la paz le solicitara suspender la orden de capturas que están vigente en contra de varios representantes de estas organizaciones al margen de ley y que buscan un cercamiento para hacer parte de los diálogos de paz total en Colombia que propuso el Presidente Petro.
La carta que está firmada l Martha Marcera, Vicefiscal, argumenta el grupo que lideraba Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, no tiene un estatus político para conceder inmunidad en esa materia.
Para la Fiscalía General de la Nación, la ley 2272 de 2022 limita al Gobierno Nacional para reconocer un estatus político a organizaciones criminales.
“La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”.
El ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, dijo que en los próximos días llevarán pruebas al ente investigador en busca de que cambié de parecer y acceda a su petición.
Asegura además que la negativa de la Fiscalía, dificulta el proceso de avanzar en mesas exploratorias para lograr la “paz total”, además de que la modificación a la ley de orden público, “facultó al presidente de la República para avanzar en procesos de diálogos de paz”.
Aclaró que la ley 2272 también le permite avanzar en diálogos exploratorios con grupos que no tienen estatus político, como estos dos grupos herederos del paramilitarismo.
Declaró también acerca del Ejército de Liberación Nacional (Eln) es distinto, porque sí cuentan como actor político, pero aún así, hay otros grupos armados con los que se quiere terminar el conflicto.