A la organización criminal que se le atribuyen 42 eventos ilícitos de tráfico de migrantes, en los que fueron trasladados de manera clandestina 1.082 ciudadanos extranjeros, quedó en evidencia gracias a las labores investigativas articuladas de la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional, con apoyo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés (ICE/HSI).
Se trata de ‘Los Andariegos’, una estructura señalada de garantizarles a los migrantes transporte, hospedaje, alimentación y salida del país para seguir su camino a Estados Unidos.
Los elementos de prueba indican que la red disponía de dos rutas. La primera, movilizaba a los extranjeros en buses de turismo y de servicio interdepartamental desde Ipiales (Nariño) hasta Necoclí (Antioquia), para posteriormente pasarlos por el denominado ‘Tapón del Darién’ a Panamá.
El otro trayecto, denominado VIP, era ofrecido exclusivamente a ciudadanos de China, que eran recogidos en Tulcán (Ecuador) y llevados por vía terrestre a Medellín (Antioquia), donde les proporcionaban tiquetes aéreos para que volaran a San Andrés Islas. Allí, los embarcaban para llegar a países de Centroamérica.
En procedimientos realizados simultáneamente en Bello, Sabaneta y Envigado (Antioquia) fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de ‘Los Andariegos’, entre ellos, el señalado cabecilla, identificado como Cristian Camilo Rivera Pérez. Este hombre tendría a su cargo la coordinación de lo relacionado con el alojamiento y traslado de los extranjeros.
También fueron detenidos Jesús Nolberto González Bedoya, Reina Marisol Quiceno Aguirre, Nelson Flórez y Francia Elena Ortiz Gaviria, quienes serían los responsables del brindar hospedaje y alojamiento en Cartago (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia); Paula Andrea Serna Pérez y Jorge Alexander Cañarte Arcila, empleados de una empresa de transporte intermunicipal; y David Jesé Rodríguez Suescún, taxista que movilizaba a los migrantes en Medellín.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas ocho personas los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Adicionalmente, al cabecilla le fue imputado el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Seis de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Cañarte Arcila y Rodríguez Suescún seguirán vinculados a la investigación.