Con un acto simbólico acompañado por defensores de Derechos Humanos, el gobernador Carlos Caicedo, a través de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto, y la Secretaría del Interior de la Gobernación, radicó ante la Asamblea Departamental, un proyecto de ordenanza por el cual se adopta la política pública de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos con énfasis en prevención en el Magdalena 2023-2027.
El documento fue presentado por la jefa de la Oficina de Paz, Nayara Vargas; la secretaria del Interior, Anabel Zúñiga; el dirigente de la Mesa de Víctimas del municipio de Pivijay y defensor de Derechos Humanos, Pedro José Camargo Díaz; entre otras.
De acuerdo con Vargas, “se trata la primera política pública para la garantía y defensa de los diferentes líderes sociales con énfasis en prevención. Una iniciativa que responde a la necesidad del Departamento con respecto a los líderes y lideresas”.
“Es un documento que hemos construido por directrices del gobernador Caicedo -como el principal garante de los derechos de líderes, victimas-, de manera articulada con organismos internacionales y que ha sido validado por organismos del orden nacional y por los diferentes líderes que participaron en su construcción”, dijo la titular de la cartera de Paz.
Igualmente, Nayara indicó que esta política púbica fue elaborada luego de evidenciar un diagnóstico de la situación de los defensores de derechos en el Magdalena, por lo que, a través de esta política se impactará de manera favorable y se garantizará la protección de los diferentes líderes en el territorio del Magdalena, con un liderazgo rodeado de garantías por parte de la institucionalidad.