Bogotá D.C., 14 de julio de 2022 (@DNP_Colombia). El Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento CONPES número 4099 que tiene como propósito establecer una política que promueva la gestión y el acceso al financiamiento de los territorios para el desarrollo de proyectos e inversiones sostenibles.
El enfoque de inversión sostenible incluido en el CONPES apunta, por un lado, a la responsabilidad, disciplina y sostenibilidad fiscal de cada entidad subnacional. En segundo lugar, busca que la viabilidad financiera de cada proyecto de inversión esté asegurada.
Finalmente, con la inversión sostenible como guía se apunta a que no se menoscabe la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni se deteriore el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo.
Con la decisión de dar luz verde a este CONPES se quiere promover la continuidad del proceso de reactivación económica en todas las regiones, la generación de empleo, el cierre de brechas y el aumento de la productividad.
Para alcanzar el objetivo de promover el acceso a financiamiento, señala el documento, “es necesario primero aumentar las capacidades de las entidades territoriales para la planeación estratégica y la gestión de proyectos a lo largo de todo el ciclo de la inversión pública”.
Por otra parte, en este se prevé el fortalecimiento de capacidades territoriales en la estructuración y formulación de proyectos a través de la asistencia técnica territorial y se robustecen los procesos de seguimiento, monitoreo, y evaluación de los recursos de crédito y su incorporación de experiencias en la negociación de nuevas operaciones.
Con el aval a esta política también se pretende dar solución a la baja gestión de los recursos de crédito por parte de las entidades territoriales para la financiación de proyectos de inversión que contribuyan a promover inversiones sostenibles. Lo anterior, explica el documento, dificulta la promoción de la reactivación económica “en un contexto en el que las finanzas públicas presentan holgura frente a los indicadores de solvencia y sostenibilidad establecidos a nivel legal”.
El desarrollo de las acciones de esta política se ejecutará entre 2022 y 2025.