Tras el inicio de las incursiones de las tropas rusas en numerosas partes del territorio ucraniano este miércoles, el fiscal de la Corte Penal Internacional recordó hoy su capacidad para ejercer su jurisdicción e investigar cualquier acto de genocidio, crimen de lesa humanidad o de guerra que se cometa en territorio de Ucrania desde el 20 de febrero de 2014 en adelante.
Karim A.A. Khan QC basó esa afirmación de acuerdo con la “declaración presentada el 8 de septiembre de 2015, en la que se acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
“Toda persona que cometa dichos crímenes, incluyendo el hecho de ordenar, incitar o contribuir de cualquier otro modo a la comisión de estos, podrá ser procesada ante la Corte, con pleno respeto al principio de complementariedad. Es imperativo que todas las partes en el conflicto respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, destacó.
El fiscal también recordó que la Corte no puede ejercer su jurisdicción respeto al crimen de agresión recogido en las enmiendas del Estatuto de Roma, ya que ni Ucrania ni la Federación Rusa son Estados parte de ese instrumento constitutivo del tribunal de justicia.
Preocupación por las víctimas civiles y las detenciones en Rusia
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por los múltiples informes recibidos sobre víctimas civiles.
La portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, explicó en rueda de prensa en Ginebra que muchos civiles están intentando huir de sus hogares mientas que otros se refugian donde pueden.
La vocera recordó que, tal y como advirtió ayer la Alta Comisionada, “la acción militar de la Federación Rusa viola claramente el derecho internacional. Pone en peligro innumerables vidas y debe detenerse inmediatamente”.
Del mismo modo, expresó su inquietud ante las múltiples detenciones arbitrarias de manifestantes en Rusia que protestaban ayer contra la guerra. Según los datos que maneja Shamdasani los arrestos ascendieron a más de 1.800 manifestantes y todavía no está claro si algunos fueron liberados.
“La detención de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión o de reunión pacífica constituye una privación arbitraria de la libertad. Pedimos a las autoridades que garanticen la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer estos derechos”, solicitó.