Las áreas rurales en el mundo fueron duramente golpeadas por la pandemia, debido a sus economías menos diversificadas y limitaciones para el trabajo remoto, tanto por los tipos de trabajos como por el acceso limitado a la banda ancha. Justo cuando el mundo estaba recuperándose, la guerra en Ucrania produce un nuevo impacto en la economía mundial, afectando los precios de los insumos y fertilizantes.
La Revisión OCDE de la Política Rural de Colombia evidencia que en las dos últimas décadas la economía colombiana ha crecido casi tres veces más rápido que el promedio de la OCDE. Soportada por este crecimiento, entre 2008 y 2020 Colombia registró la sexta reducción más alta de la desigualdad regional del PIB per cápita entre los países la OCDE.
La OCDE reconoció que en los últimos años se han logrado avances significativos en la mejora de las condiciones de las zonas rurales colombianas, disminuyendo la pobreza monetaria y multidimensional de manera más rápida que en las zonas urbanas. Además, las condiciones de vida en la ruralidad se han beneficiado con la implementación de estrategias que reducen el costo de intermediación para los agricultores, como el programa Agricultura por Contrato, o que incentivan el emprendimiento en las poblaciones rurales, como el programa del Campo Emprende.
Así mismo, a través de la implementación de la política de Paz con Legalidad, el país ha avanzado en la implementación del primer punto del Acuerdo de paz firmado en 2016, la Reforma Rural Integral, en virtud de lo cual se han diseñado 16 planes nacionales con enfoque rural que servirán para solucionar varios de los problemas estructurales de las zonas rurales. El documento reconoce como avances la implementación del catastro multipropósito como un hito en la adecuada administración del territorio y el récord de títulos de propiedad rural asignados en el gobierno Duque.
La Revisión Rural señala que, a pesar de los avances, Colombia tiene retos por enfrentar, tales como la desigualdad de ingreso entre regiones, el índice de pobreza rural, la informalidad en la tenencia de tierra, así como la mejora en conectividad vial y el acceso a internet.
Solucionar estos retos transversales requiere de políticas inter-sectoriales y de largo plazo. La OCDE señala que muchas políticas del país aún equiparan desarrollo rural a desarrollo agrícola, que no existe una clara política rural con enfoque inter-sectorial para todos los municipios rurales y tampoco una instancia con capacidad para coordinar el diseño y la implementación del desarrollo rural.
La Revisión destaca que solucionar estos cuellos de botella y adoptar un enfoque rural que no se centre sólo en la agricultura ayudaría a potencializar las múltiples fortalezas de las zonas rurales del país, tales como la diversidad étnica y la biodiversidad de fauna y flora, así como la gran riqueza ambiental y velocidad de vientos. Estas fortalezas pueden generar nuevos ingresos económicos mediante actividades como el eco-turismo, la bioenergía y proyectos de energías renovables.
El estudio de la OCDE propone 3 acciones principales, soportadas por 15 recomendaciones para mejorar el bienestar y los ingresos rurales. Estas acciones son: i) la creación de una política rural nacional comprehensiva de largo plazo que se centre en el bienestar de las personas y adopte un enfoque intersectorial para el desarrollo rural, ii) Una mayor priorización para solucionar los factores claves de desarrollo rural (ej. transporte multimodal, conectividad digital, informalidad de tierra y acceso a educación y salud) y iii) la creación de una instancia de coordinación interministerial con mandato presidencial para armonizar el diseño y la implementación de políticas rurales a nivel nacional y local.